La Iglesia está para influir, no para gobernar

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El artículo “The Christian Right, Reborn: The New Apostolic Reformation Goes to War”, de Rachel Tabachnick, publicado por Political Research Associates, abre una importante discusión para la comunidad eclesiástica y el público en general. Más allá de nombres o movimientos específicos, nos invita a plantearnos una pregunta clave. ¿Cómo podemos defender la libertad religiosa y la participación de las comunidades de fe en la vida pública sin que ello se convierta en un intento de dominio religioso sobre el Gobierno o el país? Defender la presencia de los creyentes en la sociedad no implica que el cristianismo deba controlar a Puerto Rico. Tampoco significa que el Estado sea un instrumento de una iglesia, denominación o corriente teológica. Por eso, este debate es relevante. Nos ayuda a distinguir entre una participación religiosa legítima y una visión del poder en la que la influencia se confunde con el dominio.
Es importante leer el artículo con criterio. Political Research Associates estudia estos movimientos desde una postura crítica hacia la derecha religiosa. Por eso, sus opiniones no deben verse como neutrales ni definitivas. Sin embargo, tampoco sería correcto rechazar el análisis solo por su enfoque ideológico. Las ideas y declaraciones de los líderes ligados a la Nueva Reforma Apostólica deben evaluarse por sí mismas. Leer con responsabilidad implica diferenciar entre hechos comprobados y las interpretaciones que se hacen de ellos. Es en ese análisis crítico donde el artículo resulta más útil.
El punto principal no son los llamados “Siete Montes”. Lo importante es lo que implica llegar a esos espacios y lo que se busca hacer allí. Si la idea es que necesitamos creyentes preparados, honestos y responsables en la educación, el gobierno, los medios, la empresa, la familia, las artes y otros ámbitos, no hay problema. Los cristianos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a participar plenamente en la sociedad. Su fe forma parte de su visión del mundo. Otras personas también tienen convicciones filosóficas, morales o ideológicas distintas. Pedir que un creyente sea completamente neutral para ejercer un cargo público es tan irreal como pedirlo a cualquier otro ciudadano.
La pregunta realmente importante es otra. ¿Llegamos a esos espacios para servir e influir o para controlar? No es lo mismo querer buenos cristianos en el gobierno que buscar que el cristianismo controle el gobierno. Formar servidores públicos con valores como la honestidad, la justicia y el respeto es diferente de usar el Estado para imponer una visión religiosa a quienes no comparten nuestra fe. Aunque la participación ciudadana y el dominio religioso pueden emplear términos similares, representan ideas muy distintas sobre el poder. Por eso, debemos tener cuidado con el significado que damos a términos como “influencia”, “conquista”, “autoridad”, “dominio” y “gobierno” al describir la relación del creyente con ciertas áreas de la sociedad. Otros han tratado de explicar ese lenguaje, diciendo que “dominio” no implica convertirse literalmente en dueño de esas instituciones. Esa ambigüedad no debe considerarse un asunto menor. Las palabras terminan moldeando la teología política que construimos en torno a ellas. El lenguaje toma una importancia especial cuando está ligado a ideas de autoridad y poder. Una expresión que, en un contexto eclesiástico, puede entenderse como una metáfora, puede tener implicaciones completamente diferentes cuando se usa en el ámbito gubernamental. Por eso es necesario hablar con claridad.
Es mejor hablar de influencia, servicio, presencia, testimonio y responsabilidad. Esto no quiere decir que moleste que los cristianos lleguen a puestos de autoridad. Al contrario, es bueno que personas de fe, preparadas y maduras participen en la vida pública. La clave está en entender que, al ejercer el poder público, no se administra una iglesia. Tampoco se gobierna solo para quienes comparten las mismas creencias. Un funcionario cristiano sigue siendo cristiano en el gobierno. También es servidor público. Puede tener convicciones firmes. Sin embargo, debe recordar que su autoridad incluye a personas de otras religiones, con interpretaciones distintas de la fe o sin religión. Esta realidad no debilita su fe. La pone a prueba de manera más exigente.
Es fácil hablar de justicia cuando quienes la reciben piensan como nosotros. El verdadero reto es usar el poder con justicia también hacia quienes no comparten nuestra teología, denominación o convicciones. Por eso, la preocupación en este debate importa. No se trata de que los cristianos deban alejarse de la vida pública. Eso sería el otro extremo y también un error. La Iglesia no debe esconderse. Los creyentes no deben callar. Las organizaciones religiosas no tienen por qué ser invisibles en la sociedad. Pero tampoco debemos pasar de defender nuestra participación a querer controlar las instituciones.
Debemos aprender a distinguir entre participación y control. Cuando la meta deja de ser el bien común y pasa a ser conquistar estructuras para imponer una visión religiosa, estamos en otra categoría. Ya no solo hablamos del derecho de los creyentes a participar. También hablamos de la relación entre la religión y el poder coercitivo. Esta diferencia importa en lo teológico, lo político y lo constitucional. La fe cristiana puede y debe estar presente en la vida pública. Pero esto no significa tener autoridad religiosa sobre el Estado. Defender esta diferencia no debilita la participación cristiana. La protege de confundirse con un proyecto de poder.
En Puerto Rico, esta reflexión nos hace reflexionar sobre cómo cuidamos la libertad religiosa. Defender el espacio de libertad del creyente no es lo mismo que convertirlo en un privilegio ni en un dominio. Proteger la libertad religiosa no implica que el Gobierno deba ser un actor religioso. Tampoco quiere decir que la neutralidad del Estado obligue a excluir a las comunidades de fe de la vida pública. Ambos principios pueden convivir si entendemos bien el papel del Estado. El reto es proteger la libertad de conciencia sin poner el poder público al servicio de una confesión. Esta diferencia es clave para la convivencia democrática y la credibilidad de las comunidades de fe.
El Gobierno puede relacionarse con las comunidades de fe, reconocer su valioso trabajo y eliminar barreras injustas que limiten su participación social. Puede ayudar a la colaboración, informar, guiar, crear canales de comunicación y asegurarse de que ninguna organización religiosa sea vista con desconfianza solo por serlo. Nada de esto implica convertir al gobierno en una herramienta de evangelización ni preferir una confesión a otra. Esa es la diferencia entre reconocer el valor público de las comunidades de fe y usar el poder público para promover una religión. Aunque puedan parecer parecidas, son cosas distintas en lo legal, lo político y lo ético. Mantener clara esa diferencia beneficia tanto al Estado como a las iglesias.
Por eso, esta discusión no es una advertencia contra la participación cristiana, sino una invitación a pensar bien el lenguaje que usamos al hablar de la fe y del poder. Hay una gran diferencia entre afirmar que los cristianos deben estar presentes en todas las áreas de la sociedad y sostener que tienen derecho a dominarlas. Lo primero habla de ciudadanía, participación y responsabilidad; lo segundo se acerca a la supremacía. Esta diferencia no es solo de palabras; tiene consecuencias teológicas, políticas y constitucionales. La primera postura reconoce que el creyente comparte el espacio público con otros; la segunda puede ver ese espacio como algo a lo que debe someterse. Por eso, debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje de la conquista al hablar de poder.
Desde la perspectiva bíblica, la misión de la Iglesia no depende de controlar el Estado. El cristianismo nació y creció sin depender de Roma, y los apóstoles no recurrieron al gobierno para difundir el Evangelio. No tenían tribunales, legislaturas ni agencias estatales para imponer su mensaje; tenían una verdad que compartir, una vida que mostrar y una comunidad que transformaba a las personas. Esto no significa que hoy debamos alejarnos del gobierno ni que la política sea incompatible con la fe cristiana. Significa que debemos saber qué hacer cuando lleguemos a posiciones de responsabilidad. El poder político puede servir al bien común, pero no debe confundirse con el poder espiritual de la Iglesia.
Un cristiano puede gobernar, legislar, administrar, enseñar, dirigir una agencia o participar plenamente en cualquier área de la vida pública. Puede hacerlo sin dejar de lado sus principios, su fe ni su identidad religiosa. Pero no necesita convertir el Estado en una extensión de la Iglesia para demostrar su fidelidad. De hecho, gobernar con justicia hacia quienes no comparten nuestra fe puede ser una prueba aún más fuerte de esos principios. La integridad cristiana no se muestra solo defendiendo los derechos de quienes creen como nosotros, sino también garantizando justicia y dignidad para quienes no comparten nuestras creencias. Ese puede ser uno de los testimonios más poderosos que un creyente en el servicio público puede dar.
Por eso, esta reflexión nos lleva a distinguir entre conceptos que a veces se emplean con demasiada facilidad en el lenguaje religioso: influencia, autoridad, conquista, dominio y poder. Es importante saber dónde termina un concepto y empieza otro, sobre todo cuando llevamos el lenguaje teológico a la política. La influencia puede ser legítima, democrática y persuasiva; el dominio, según cómo se entienda, puede significar algo muy diferente del poder. El servicio busca beneficiar a otros, mientras que el control busca someter. La presencia es participar; la supremacía es desplazar. No distinguir entre estas categorías puede llevar a errores graves, incluso cuando las intenciones son buenas.
No tenemos que elegir entre dos extremos: un secularismo que quiera sacar la fe de la vida pública o un dominionismo que busque someter la vida pública a una autoridad religiosa. Hay otro camino, más acorde con una visión madura de la libertad religiosa y de la participación ciudadana. Podemos defender la libertad de conciencia, fomentar la participación de las comunidades de fe y reconocer su gran aporte social. Podemos preparar creyentes para servir con excelencia en todas las áreas de Puerto Rico y, al mismo tiempo, dejar claro que el poder del Estado no pertenece a ninguna iglesia. Esta combinación no debilita nuestra posición; la fortalece porque muestra que nuestra defensa de la libertad religiosa no depende de convertirla en un privilegio. Podemos pedir espacio para nuestra fe sin reclamar la propiedad del espacio público.
Esa coherencia nos permite decirlo de forma simple pero importante: queremos libertad para vivir nuestra fe, no poder para imponerla a otros. Los “Siete Montes” no deberían preocuparnos si el concepto implica una presencia responsable de creyentes preparados para servir en distintos ámbitos de la sociedad. Lo que sí debemos mirar con cuidado es cualquier interpretación que convierta esa presencia en una doctrina de dominio o en una excusa para controlar instituciones con poder religioso. No porque debamos temer a los cristianos en el gobierno, sino porque sabemos que la fe no necesita dominar al Estado para transformar la sociedad. La Iglesia puede influir mucho a través del servicio, del testimonio, de la verdad y de la formación de personas íntegras. Por eso, la conclusión más clara de esta reflexión es sencilla y firme:
“La Iglesia está para influir, no para gobernar.”
Dr. Daniel Marte
Referencia:
Tabachnick, R. March 22, 20132). The Christian right, reborn: The New Apostolic Reformation goes to war. Political Research Associates. https://politicalresearch.org/2013/03/22/christian-right-reborn
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